Absolución en un robo, por ilegalidad en el uso de cámaras de videovigilancia

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La Audiencia Provincial de Pontevedra ha estimado el recurso de apelación interpuesto por una trabajadora del hogar a la que se le condenaba por un robo con fuerza en las cosas, habiendo sustraído un importe total que ascendía a más de 9.000 Euros.

Pese a que las grabaciones tomadas por la empleadora probaban de manera clara el robo, la Audiencia ha revocado la condena de dos años de prisión impuesta por el Juzgado de lo Penal número 1 al considerar como ilícitas las pruebas obtenidas por la empleadora, quien había colocado de manera secreta un sistema de vigilancia.

La acusada sustrajo en dos ocasiones una cantidad en metálico de 9020 euros que se encontraban en un cajón. El acceso al mismo se realizaba mediante una llave que estaba escondida debajo de una maceta.

Uno de los requisitos fundamentales requeridos para la instalación de un sistema de videovigilancia permanente es la previa información a los empleados.

Así, la Audiencia considera que la empleadora “le está poniendo cebos o trampas para comprobar sus actos, con lo que queda comprometida su intimidad (…), razones por las que decimos que resulta cuanto menos dudosa la legalidad de la prueba”. Sin dicha prueba, la sentencia anterior no podría haber llegado a la conclusión condenatoria, y la misma es considerada irregular.

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