Estimación de Derecho al Olvido en Internet

olvido

Recientemente se ha publicado por la Agencia Española de Protección de Datos, una resolución estimatoria del ejercicio de Derecho al Olvido en Internet de un ciudadano que se vió envuelto en una situación que le desprestigiaba a todos los efectos.

Los hechos sucedieron en 2011, cuando el solicitante atropelló a un hombre que formaba parte de una manifestación y marcha de huelga. Durante mucho tiempo, los medios de comunicación continuaron publicando que este hecho se había producido, colocando al conductor en el punto de mira.

Fue solicitada por su parte ante los medios de comunicación y en especial ante los buscadores como Google, una vez recibió el sobreseimiento de la causa por no existir indicio alguno de delito en dicho atropello.

Aun así, la información continuó apareciendo en Google, lo que dañaba y desprestigiaba socialmente al conductor.

Dado que por parte de Google no se atendió su petición, este ciudadano decidió presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, para que su derecho fuera atendido.

La Agencia en su resolución, entiende que la lista de resultados que se obtiene al introducir su nombre en el motor de búsqueda facilita la accesibilidad y difusión de la información a cualquier usuario que realice la búsqueda, por lo que constituye una injerencia en el derecho fundamental al respeto de la vida privada y protección de datos personales del demandante.

Por ello, manifiesta que “si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida a través de una búsqueda efectuada a partir de su nombre” y además, este derecho prevalece sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda y del interés del propio público.

Además, cita sentencias anteriores que recogen que “incluso un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos puede devenir, con el tiempo, incompatible (…) cuando estos datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que se recogieron o trataron. Este es el caso, en particular, cuando son inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o son excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido”.

En referencia al tiempo transcurrido, la Agencia tiene en cuenta que entre el mes de agosto de 2011, fecha en la que se comenzaron a publicar las noticias, hasta julio de 2015, fecha en la que se ejercitó el derecho de cancelación, ni siquiera han pasado cuatro años.

Aunque los hechos ocurrieron en una convocatoria de huelga, de ahí el carácter público de la noticia y el interés sobre el suceso por parte de los medios de comunicación, y a pesar de ser un suceso cercano en el tiempo, a día de hoy las informaciones resultan incorrectas por incompletas ya que existe un sobreseimiento libre y el archivo de la causa.

Como Google no ha aportado alegaciones que justifiquen la permanencia de las URLs, la Agencia Española de Protección de Datos, ha estimado la solicitud del reclamante y, al considerar que las informaciones son incompletas y excesivas, insta a Google a adoptar las medidas necesarias para evitar que su nombre se vincule en los resultados de las búsquedas a las ocho URLs reclamadas.

 

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