Las cámaras del Tranvía de San Fernando, denunciadas

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El sistema de videovigilancia instalado en la Calle Real de San Fernando para controlar y vigilar el  tranvía ha sido denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos.

El entramado de cámaras, que pretende controlar las infraestructuras del tranvía y el tráfico restringido por la arteria principal de la ciudad, cuenta con un total de 108 cámaras instaladas. En San Fernando se colocaron un total de 55 (en Chiclana son 34 y en el tramo interurbano, 19) con varias finalidades.

Se denuncia que la Agencia de Obra Pública de Andalucía vulnera derechos fundamentales como el derecho a la imagen o la intimidad de los ciudadanos. Se considera que existe una infracción grave en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. La Agencia de Obra Pública debe, tomar medidas internas para que no se reproduzca en el futuro esta infracción, puesto que las adoptadas (de enmascaramiento de imágenes) no resultan suficiente a juicio de Protección de Datos.

Se pretende proteger las instalaciones y equipamientos del tranvía contra actos vandálicos y robos, de ahí que se pusieran dispositivos fijos de captación de imágenes en los accesos a las subestaciones, en el techo de las marquesinas y en el recinto de los talleres del tranvía en el polígono de Pelagatos, en Chiclana.  Hay cámaras fijas y tipo domo en cruces y glorietas por donde pasa el tranvía para apoyar la labor de la Policía Local de gestión del tráfico, dado que en la calle Real se restringe la circulación y se establecen itinerarios de pasos transversales o de entrada controlada a garajes.

Pero el Ayuntamiento de San Fernando tiene que sacar adelante la ordenanza que regulará el uso de esta arteria esencial de la ciudad y que sigue pendiente desde hace unos meses al no lograr los apoyos necesarios por el Pleno.

La Agencia Española de Protección de Datos advierte de que la Agencia de Obra Pública de Andalucía no ha aportado la autorización administrativa pertinente para instalar cámaras en exteriores y que el análisis de las imágenes que captan las cámaras confirma que el sistema resulta desproporcionado para la finalidad con la que se instaló al afectar al derecho a la intimidad de terceros. “Examinadas las imágenes aportadas por la entidad denunciada, las mismas invaden sin ambages espacios privativos, excediendo la finalidad que motiva su instalación“, expone la resolución. Pero va más allá: “Las cámaras pueden capturar imágenes de puntos estratégicos, tales como acceso a alcantarillado, conexiones eléctricas, marquesinas, zona de andenes en su caso, pero no ejercitar un control de viviendas cercanas, circulación del tráfico próximo, pasos de peatones, tiendas próximas o cruce en la acera pública de ciudadanos“.

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