Licitud de imagen de interés público captada sin consentimiento

camara oculta

Hasta la fecha, siempre hemos tenido clarísimo que cuando las imágenes se captan sin consentimiento del titular de las mismas, el dato personal está ilegitimamente tratado. Las capturas con cámara oculta, trasngredían el derecho a la intimidad personal y la propia imagen.

Pues bien, dado que a partir de 2015 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó Resoluciones estimatorias y exculpatorias en favor de periodistas que habían sido inicialmente condenados por el uso de cámaras ocultas en  reportajes de investigación  por este tipo de uso de imágenes, se indicó expresamente que el uso de la cámara oculta con fines periodísticos en un reportaje sobre un tema de interés general no es ilícito por definición.

A partir de ahí, en España, en la Sentencia 114/2017, de 22 de febrero, de la Sala 1ª del Tribunal Supremo,  asumía la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que venía impidiendo el uso de la cámara oculta, pero expresando: “No obstante, admite que la jurisprudencia de la Sala permite entender que este procedimiento [la cámara oculta] puede no ser ilegítimo si resulta proporcionado al interés público de los derechos registrados, pues no cabe descartar que mediante el mismo se descubran casos de corrupción política o económica al más alto nivel que deban ser conocidos y trasmitidos a la opinión pública con la contundencia inherente a la grabación de la voz”. En este tipo de casos, entiende que no se produce vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen de la demandante.

A final de 2017 se ha dictado la Sentencia 4093/2017, que recoge que “Pese a que la jurisprudencia de esta sala y la doctrina del Tribunal Constitucional parecen no ser totalmente coincidentes por considerar esta última que, en general, existen métodos de la obtención de la información y, en su caso, de la manera de difundirla en que no queden comprometidos y afectados otros derechos con rango y protección constitucional, habrá que convenir que el procedimiento de la cámara oculta puede no ser ilegítimo si resulta proporcionado al interés público de los hechos registrados (lo reitera la reciente sentencia de pleno 114/2017, de 22 de febrero), pues no cabe descartar que mediante el mismo se descubran hechos delictivos (la sentencia 225/2014, de 29 de abril , pone como ejemplo los casos «de corrupción política o económica al más alto nivel», y la sentencia 201/2016, de 31 de marzo , versa sobre un caso de tráfico de animales exóticos por parte de un mando policial), que deban ser conocidos y transmitidos a la opinión pública con la contundencia y poder expresivo inherentes a la grabación de la imagen y la voz.”

 

Nos preguntamos si se trata de un retroceso en nuestra doctrina, sin  más, que valida pisotear  los derechos fundamentales o si nos encontramos en una sociedad en que se nos escapa demasiada delincuencia que perjudique a la gran masa, en base a ser excesivamente proteccionistas.

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