Los despachos de abogados y la PBC

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Nos hacemos eco de un interesante artículo publicado este mes por la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, perteneciente al Consejo General de la Abogacía Española.

* En dicho artículo nos informa de que todo abogado en materia de PBC tiene un especial deber de formación,  cuyo incumplimiento acarrea responsabilidad administrativa -tipificada en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (LPBCFT) como infracción grave-.  Obligación legal exigible, claro es, cuando el abogado es sujeto obligado, es decir, en los supuestos contemplados en el art. 2 ñ) LPBCFT.

* Según el art. 29 LPBCFT que “los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley. Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos. Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que, diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado, será aprobado por el órgano de control interno”.

* También nos informa de que si el despacho de abogados está integrado por menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios actual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros no será necesario que los empleados estén formados, si se forma a quien actúa como representante de la Firma ante el SEPBLAC.

* Es decir, en el despacho de abogados, en los supuestos exigidos legalmente, la formación lo es respecto del conocimiento de las exigencias derivadas de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y deberá hacerse a través de cursos especiales de formación dirigidos a sus empleados en general y específicamente al personal que despeñe aquellos puestos de trabajo que, por sus características, sean idóneos para detectar los hechos u operaciones que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales a fin de capacitarles para efectuar dicha detección y para conocer la manera de proceder en tales casos.

 

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