Sanción por abandono en la vía pública de tarjetas sanitarias

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La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a la Consellería de Sanidad por dos infracciones graves ante el abandono en la vía pública de «docenas de tarjetas sanitarias individuales (SIP) con datos de carácter personal de sus titulares».

Los expedientes sancionadores contra la gestión de la consellera Carmen Montón se iniciaron por la información aparecida con fechas 12 y 13 de diciembre de 2016 en un periódico digital que narraba que un vecino de Valencia «localizó las tarjetas sanitarias con datos personales de sus titulares tiradas en la acera, concretamente junto a un contenedor de basura situado frente al centro de salud de esa ciudad».

Según la Agencia de Protección de Datos, las citadas tarjetas «no habían sido sometidas a ningún proceso de destrucción», motivo por el cual los «datos de carácter personal de los titulares de las mismas resultaban legibles», tales como sus «nombres y apellidos, número de Documento Nacional de Identidad, número de identificación SIP y número de la Seguridad Social, además de otra información referida a las prestaciones médicas y farmacéuticas a las que pudieran tener derecho».

La Conselleria de Sanidad, achacaba la aparición de las tarjetas personales en la vía pública a un error: «Solo puede ser consecuencia de un fallo puntual en la aplicación de protocolos establecidos para la retirada y destrucción de las tarjetas invalidadas».

La Agencia Española de Protección de Datos considera que Sanidad cometió dos infracciones graves porque

  • No aplicó el protocolo de eliminación de documentos que impone que debe ser eliminada «toda la documentación en la que puedan aparecer datos de pacientes, tanto referidos a datos administrativos como aquellos que contengan información clínica. Se incluye también cualquier tipo de listado en el que aparezca alguno de esos datos».
  • Al no seguir el protocolo, la AEPD establece que no se custodiaron las tarjetas e impone dos infracciones graves, porque la aparición de los documentos «en la vía pública, junto a un contenedor de basura y sin destruir, pone de manifiesto que por parte del responsable del tratamiento no se prestó la diligencia necesaria en orden a hacer efectivas las medidas de seguridad».

Fuente: El Mundo

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