Uso de imágenes de empleados en Telemarketing

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La Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo ha dictado una reciente sentencia de casación, en la que considera ajustada a Derecho, la cláusula de un contrato de trabajo con empleados, en una empresa de contact-center en la que previamente se solicitaba el consentimiento del personal para el uso de su imagen en la actividad de videollamadas para telemarketing. En dichas llamadas, el personal contactaba con los clientes y podían visualizarse mediante webcam. La empresa adoptó medidas de protección del dato de la imagen del personal, con medios que entre otras circunstancias, impedían descargas o capturas de las imágenes.

El hecho en su día denunciado por los sindicatos era que entendían ilícita y nula la cláusula genérica en el contrato de trabajo, por cuanto el trabajador se siente “obligado” a dar el consentimiento a la hora de su contratación, razonamiento que fue atendido por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en contra de “la cesión de la imagen, tomada mediante cámara web o cualquier otro medio, siempre con el fin de desarrollar una actividad propia de telemarketing y cumplir, por tanto, con el objeto del contrato”…y con ello, “se excluya la misma de los contratos de trabajo por cuanto supone una conducta abusiva que atenta contra un derecho fundamental”.

Una vez recurrida ante el Tribunal Supremo por la empresa, dicho órgano manifiesta que “nos encontramos ante videollamadas en las que quien llama, gracias a una cámara webcam que instala la empresa, ve a quien le atiende y conversa con su interlocutor. Ese es el dato que se le cede y facilita, pero que luego no puede tratar haciendo una grabación y otras operaciones. Esa actividad de la empresa debe aprobarse por la AEPD y la empresa debe tomar las medidas de control necesarias para que quien llama no haga un uso indebido del dato, lo que los medios informáticos actuales permiten identificando la llamada y otras actuaciones. Igualmente, cuando la empresa realiza actividades promocionales utilizando la imagen de sus empleados les solicita una autorización específica, que suscriben conscientes y voluntariamente”.

Por otra parte,  ”es cierto que hay que tener en cuenta que la relación laboral, en cuanto tiene como efecto típico la sumisión de ciertos aspectos de la actividad humana a los poderes empresariales, y ha de valorarse hasta qué punto ha de producirse la coordinación entre el interés del trabajador y el de la empresa que pueda colisionar con los derechos fundamentales o la limitación del derecho fundamental a la intimidad y propia imagen para el cumplimiento y la satisfacción del interés que llevó a las partes a contratar(…) Todo ello porque existen actividades que traen consigo, con una relación de conexión necesaria, una restricción en el derecho a la imagen de quien deba realizarlas, por la propia naturaleza de éstas, como lo son todas las actividades en contacto con el público, o accesibles a él. Cuando ello suceda, quien aceptó prestar tareas de esta índole, no puede luego invocar el derecho fundamental para eximirse de su realización, si la restricción que se le impone no resulta agravada por lesionar valores elementales de dignidad de la persona (art. 10.1 C.E.) o de intimidad de ésta. La cuestión, ahora, es si, por la naturaleza del trabajo contratado en este caso, podemos considerar que las tareas encomendadas al trabajador implicaban la necesaria restricción de su derecho de tal suerte que pudiera entenderse que era la propia voluntad del trabajador -expresada al celebrar el contrato- la que legitimaba las que pudieran exigírsele en el futuro, dentro de los márgenes que se acaban de exponer.».

Entendiendo además que el  Tribunal Constitucional considera que la restricción del derecho fundamental es viable cuando el objeto del contrato lo sobrentiende, como en el presente caso, dado que el objeto del contrato y su ejecución es la realización de labores de telemarketing incluso con video-llamadas, la restricción del derecho fundamental viene impuesta por la naturaleza de las tareas contratadas y por tanto es lícita la cláusula integrada en el contrato.

 

En resumen: si tenemos que utilizar la imagen de nuestros empleados para labores habituales y directamente relacionadas con su puesto de trabajo, el propio empleado, debe aceptar dicho consentimiento en su contrato, de modo previo, informado, expreso e inequívoco. La cláusula así incluida, será válida y conforme a Derecho, y el tratamiento, por ende, igualmente válido.

 

Feliz Día!

 

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