Inteligencia Artificial y Protección de Datos

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La inteligencia artificial (IA) está transformando sectores enteros, desde la sanidad hasta el marketing, pasando por la administración pública. Pero este avance tecnológico también plantea desafíos significativos en materia de privacidad y protección de datos personales.

En el contexto español, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) establecen un marco claro para asegurar que los tratamientos de datos —también los automatizados mediante IA— respeten los derechos fundamentales.

¿Qué desafíos plantea la IA?

  1. Transparencia y explicabilidad: Muchas soluciones de IA funcionan como “cajas negras”, lo que dificulta explicar a los usuarios cómo se han tomado determinadas decisiones automatizadas.
  2. Minimización de datos: La IA requiere grandes volúmenes de datos para entrenarse, lo que puede entrar en conflicto con el principio de minimización recogido en el artículo 5 del RGPD.
  3. Decisiones automatizadas: El artículo 22 del RGPD limita las decisiones basadas exclusivamente en tratamientos automatizados que produzcan efectos jurídicos o significativos sobre las personas.

Buenas prácticas recomendadas

  • Evaluaciones de impacto (EIPD): Obligatorias cuando la IA supone un alto riesgo para los derechos de los interesados. Estas evaluaciones deben ser rigurosas y específicas.
  • Diseño y privacidad por defecto: Incorporar la protección de datos desde la fase de diseño del sistema (privacy by design).
  • Información clara al usuario: Cumplir con el principio de transparencia del artículo 11 de la LOPDGDD, facilitando información comprensible sobre cómo actúa el algoritmo.
  • Supervisión humana: Aunque el tratamiento sea automatizado, debe preverse la intervención humana cuando sea necesario.

Conclusión

La IA no está reñida con la privacidad. Aplicada con responsabilidad, puede mejorar servicios y procesos respetando la normativa vigente. Las organizaciones deben adaptarse a este nuevo escenario, no solo para evitar sanciones, sino para generar confianza y valor añadido.