¿Qué es el derecho a la desconexión digital?

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Female putting her cell phone in a basket while attending a board room meeting in her office. No cellphone zone at workplace meeting.

Las nuevas tecnologías y el teletrabajo han provocado que los trabajadores y las trabajadoras cada vez más estén conectados al trabajo 24/7. Por este motivo, con la intención de separar la jornada laboral de nuestro tiempo de descanso, la Ley Orgánica de Protección de Datos ha venido a regular el derecho a la desconexión digital.

El derecho a la desconexión digital tiene un doble objetivo:

–              asegurar que los trabajadores disfrutan efectivamente de sus tiempos de descanso y vacaciones, respetándose su intimidad personal y familiar.

–              es una medida de prevención de riesgos laborales, encaminada a evitar el estrés y la ansiedad.

¿En qué consiste?

El derecho a la desconexión digital de los trabajadores y trabajadoras a:

–              a no tener que conectarse a ningún dispositivo profesional (ordenadores, móvil, etc.) o software de la empresa durante sus períodos de descanso o vacaciones,

–              a no contestar o responder a llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, videoconferencias o cualquier otra forma de comunicación digital fuera de su horario laboral.

–              A apagar esos dispositivos una vez finalizada la jornada laboral.

De esta forma, fuera del horario laboral, el empresario no debe contactar con los trabajadores a través de estos dispositivos para nada relacionado con el trabajo y si esa comunicación se produce, el trabajador puede ignorarla completamente hasta el comienzo de su jornada laboral.

¿Dónde viene regulado?

El derecho a la desconexión digital es uno de los derechos (art 88), viene recogido en la parte de Garantía de Derechos Digitales de la L.O 03/2018.

¿Quién es el responsable de garantizar y proteger este derecho?

El empresario no solamente tiene que respetar el derecho a la desconexión digital sino también garantizar su ejercicio efectivo a través de la elaboración de una política interna de la empresa.

¿Qué ocurre si el empresario no lo respeta y vulnera este derecho?

Incumplir la normativa por parte de la empresa puede suponer una infracción grave y multa de entre 625 y 6.250 euros.

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