En un entorno cada vez más digital y regulado, garantizar la protección de datos no es solo obligatorio, también es una estrategia de crecimiento y confianza.
Marco legal imprescindible
En España, el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y la LOPDGDD exigen a cualquier empresa que trate datos de personas físicas respetar principios como la minimización, licitud y transparencia.
La AEPD supervisa el cumplimiento e impone sanciones que pueden alcanzar el 4 % de la facturación anual o hasta 20 millones €
Obligaciones para las entidades
- Realizar un registro de actividades de tratamiento
- Implementar medidas técnicas y organizativas adaptadas al riesgo (pseudonimización, encriptación…)
- Notificar las brechas de seguridad a la AEPD en un máximo de 72 horas si existe riesgo para las personas afectadas.
- Facilitar el ejercicio de derechos (acceso, rectificación, supresión…) a los interesados.
La figura del Delegado de Protección de Datos (DPO)
- Es obligatorio para entidades que traten datos sensibles o a gran escala, o realicen monitorización sistemática.
- Sus funciones incluyen asesorar, supervisar, formar al equipo y coordinar con la AEPD.
- Además de cumplir la normativa, contar con un DPO aporta ventaja competitiva y mayor confianza frente a clientes.