Nos hacemos eco de la reciente información publicada por EFE Sevillla, que nos dice que
Unas 5.000 empresas andaluzas deben implantar un canal de denuncias antes de diciembre
Esta obligación se encuentra recogida en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción que entró en vigor el pasado mes de marzo y que supone la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019.
Canales internos
La exigencia de puesta en marcha de los canales internos de denuncia tiene como objetivo principal proteger a las personas que informan. O las que denuncian en su ámbito laboral frente a las represalias que puedan sufrir.
Además, las empresas tienen también la obligación de designar a una persona responsable de dichos canales de denuncias. Y comunicar su nombramiento a la Oficina Andaluza Antifraude como autoridad autonómica competente. Es la que gestiona el Registro de Responsables del Sistema Interno de Información (RRSII) en Andalucía.
Si necesitas ayuda, puedes acudir como siempre al #EQUIPOMENTORA.
